Ley de Primer Empleo y su incidencia en el sector solidario

El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos viene impulsado proyectos de Ley que ve trascendentales para el desarrollo del país. Uno de estos proyectos es la Ley de primer empleo que tiene fuerte incidencias en los sectores económicos.  El sector de la economía solidaria  reconoce su esencia, pero cuestiona algunos de sus parámetros .

El 17 de febrero  el presidente santos sancionó el proyecto de Ley No. 1429 del 29 de diciembre  del 2010  que tiene por nombre Formalización y Generación de Empleo, conocido popularmente como “Ley de Primero Empleo”. Éste hace parte de la agenda concertada por la Mesa de Unidad del Gobierno como propuesta política del liberalismo. Fue aprobado luego que se conciliará el texto y pasará un vertiginoso trayecto en el Congreso.

Simón Gaviria, coordinador ponente 

de la Ley de Primer Empleo.

El Representante  a la Cámara, Simón Gaviria quien fue ponente del proyecto, sostiene que no es una reforma laborar, “es una ley de incentivos económicos para fortalecer cantidad y calidad del empleo”.  Además,  aclara que no beneficia  únicamente a los jóvenes, también a otra población venerable como las personas en situación de discapacidad y  las mujeres cabeza de familia.

La normativa establece incentivos con descuentos y exenciones  temporales en el pago de obligaciones tributarias, caso de impuestos de renta, y parafiscales a pequeñas empresas establecidas que generen empleo y para aquellas que se crean o formalicen.

Es bajo esas medidas que el proyecto expone su importancia en la creación de empleo y en la posibilidad que los jóvenes menores de 28 años accedan a ofertas laborales. También se da paso a la formalización de las empresas. Esto en medio de una preocupante situación de desempleo en los jóvenes con índice del 22% en el 2010. De igual forma en primer trimestre de ese año el 51%  de ocupados eran informales y un 60% de empresas informales.

Sin embargo,  hay otros temas de fondo y cuestiones que ha generado polémica. Hay quienes sostiene que la Ley no tiene la fuerza suficiente para generar empleo, dado el alto índice de 11,8% de desempleo que afronta el país. Otro punto que se pone en discusión es que aleja a los ciudadanos mayores que se encuentran en condición de desempleado. También se cuestiona la incidencia  en el sector solidario, en forma directa a las Cooperativas de Trabajo Asociado a quienes  la Ley prohíbe  vincular empleados a través de éstas para actividades misionales, así se establece en Artículo 63.

La incidencia en el sector solidario ¿Intermerdiadoras?

Gaviria afirma que La ley quiere defender el sector cooperativo.  “Busca poner en cintura de manera agresiva e intensa a la Cooperativas de Trabajo Asociado que se han vuelto intermediadoras laborales, son avivatos que hacen daño al sector cooperativo”,  agrega.

Para el representante a la Cámara, la Cooperativa de Trabajo no puede cumplir una función misional de una entidad, ya que ha venido sucediendo en sector de la salud. Explica como un grupo de enfermeras se juntaban para prestar un servicio, pero había una plena intermediación laboral, “había una prelación de jefe a trabajador sin garantizar derechos laborales con una figura de prestación de servicios”.  Para él, el Estado es violador de ese derecho, por eso la funciones misionales de las empresas del Estado las  debe hacer personas contratadas debidamente.

Por su parte el Exsenador , Carlos Julio González sostiene que  las Cooperativas de Trabajo Asociado han provocado  una pérdida de dignidad y una queja constante, señala que “está asociada a los decrecimientos en los derechos seguridad social en el sector de la salud”.

La posición del sector solidario, no hay que "satanizar" las cooperativas

En  el sector solidario, si bien se reconoce  la esencia del proyecto,  se manifiesta que este no es claro. Para John Jairo Gómez Berna, Vicepresidente de Confecoop, no se necesitan más leyes, “ya tenemos muchas leyes sobre el tema, se debe es hacer que se apliquen, tampoco vamos a permitir que se nos violente el derecho al trabajo”. 

John Jairo Gómez Berna

Gómez dice  que no hay que satanizar la figura porque hay ejemplos de generación de trabajos dignos, sustentable alrededor del modelo cooperativo,  “el problema no es modelo del trabajo asociado, es qué se hace con el modelo”. Manifiesta que  la solución no es acabar con las cooperativas, es aplicar lo que hay. El Estado debe ejercer su control, ya que hay cooperativas de garaje que se establecen con papeles legales. “Es claro que una cooperativa no puede hacer intermediación laboral, no se debe confundir con intermediación del trabajo”, puntualiza.

Además, sostiene que la Ley no es clara en su marco conceptual, en relación a los procesos misionales, éste debe ser  entendido como los mandatos  en  la razón ser de la entidad, es decir la actividad principal. 
 A la ley le faltan dientes, sostiene  Gómez. Para él es fundamental una reglamentación clara en  que se refiere a  cada uno de los términos, así se garantiza que no muera el espíritu del proyecto. 

Otro punto en cuestión son las altas multas y sanciones que contemplan la Ley, se establece 5.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, además de la disolución de las cooperativas. Cuestión que para Raúl Ribereño, vinculado al cooperativismos del trabajo  asociado, es una sanción que asusta,  “las cooperativas que actúen como administradoras de nomina y  de seguridad  social, claramente están trasgrediendo su actividad económica”. De igual forma, afirma que el fin de la Ley es crear un clima que la abra las puertas a la formalidad, ya que hay una población vulnerable que está en el sector de la informalidad.

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