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Neyder Jhoan Salazar
Representantes de movimientos sociales de resistencia del territorio nacional se reunieron en la Reserva Forestal el Viche en inmediaciones a la zona de construcción de la represa El Quimbo en el Huila para dialogar sobre política minero-energética y su impacto en el país.
Este encuentro permitió reconocer los múltiples conflictos que generan los megaproyectos. Conflictos sociales, económicos y ambientas que hacen necesario fortalecer el Movimiento Nacional por la Defensa de los Territorios y Afectados por Represas, "Ríos Vivos”. Así generar acciones para construir una política mínero- energética alternativa que cambie el modelo energético para el país.
En el diálogo se desarrolló un panel itinerante en el que se debatió el contexto político minero- energético del Gobierno actual. Esto frente a la grave situación de proyectos multinacionales que atentan contra el territorio desde un modelo de desarrollo del Gobierno. Para Juan Pablo Soler, de Ríos Vivos y Otros Mundos, existe la necesidad de pensar y hacer una puesta en la construcción de otra y una nueva política energética y minera, “el que hacer y no quedarnos sólo en la lucha, sin abandonar, pero proponiendo una nueva política para el territorio y el país”.
Según Miller Dussán del proceso de resistencia contra la represa El Quimbo, este panel hace parte de un proceso en el que se han venido articulando por la defensa del territorio nacional.
¿Grave la situación del país?
Este docente asegura que Colombia es un país minero que bajo la locomotora de la confianza inversionista busca la extracción de recursos y la consolidación de un proyecto minero a gran escala con múltiples problemas sociales que destruye el territorio y genera conflicto. “Preocupa las solicitudes de explotación mineras en ecosistemas de páramo y de protección ambiental, son 8 millones de hectáreas y que bajo planes como IIRSA se desarrolla infraestructura para megaproyectos y así sacar los recursos”, Manifiesta Miller. A lo que agrega la situación que bajo la firma del Plan Puebla Panamá-Putumayo, entrega los recursos del Putumayo y generar proyectos hidroeléctricos en el territorio colombiano que destruyen el ecosistema y los tejidos sociales.
Por su parte Juan Pablo Soler del Movimiento Ríos Vivos y Otros Mundos, sostiene que no se puede centrar el análisis exclusivamente en la política de continuidad de un Gobierno. Ya que es un modelo que responde a una política internacional de integración establecida por organizaciones como el Banco Mundial y Banco Internacional de Desarrollo, “Los movimientos sociales no podemos caer en la falsa idea de las represas como eficiencia energética y proyectos amigables con el ambiente”.
Sin embargo, hay unos ejes fundamentales de las políticas internacionales capitalistas marcados en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos. Estos fundamentados en el desarrollo competitivo y la prosperidad bajo la inversión privada, en especial inversión extranjera directa de la confianza inversionista, desarrollando corredores en macrorregiones con infraestructura de integración. “Esto se traduce en gobernanza desde la política del Banco Mundial y Colombia es uno de los países que hace reformas para permitir las negociaciones. Si no cambiamos el modelo energético, desde su explotación no va ser sostenible y se va agravar”, manifiesta Juan Pablo.
Para Daniel el modelo del país empobrece porque degrada el territorio y porque el grueso de la tributación se descarga sobre la población para que lleguen las transnacionales. Libreros añade que uno de los territorios de mayor explotación minera es la Guajira, pero es una población con índices altos de desnutrición, es decir que es un negocio que no construye calidad de vida, es ganancia exclusiva para la multinacional a manera de enclave. Es el modelo de un Plan de Desarrollo que será profundizado. Lo que se agrava con la concentración de tierras, “el modelo de desarrollo de la tierra busca entregar la explotación de la tierra a transnacionales, es decir a un negocio internacional y a grupos económicos nacionales”, aclara Daniel.
Procesos de resistencia: Alternativa de acción
Uno de estos es el Movimiento Social por la Defensa de Río Sogamoso. El miembro de este movimiento, Joaquín Villalobos, manifiesta que con la construcción de la represa por Isagen se cambió el cauce del río, lo que afectó los cultivos. Además la sedimentación redujo la población de peces, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, “hasta lo animales se disminuyeron, ya no hay caimán”. Para Nubia Amaya del mismo movimiento, es falso eso de los proyectos productivos de las represas, “no se hizo un proyecto de canotaje para turismo, ahora esa Natura engaña”.
Isabel Zuleta de AsoItuango, Asociación de afectados por hidroeléctrica de Ituango desarrollada por EPM, manifiesta la grave presión que ha recibido la organización para que sea disuelta, se está dividiendo a la organización. Además no hay producción agrícola y hay un fuerte impacto en la agudización del conflicto armado, desde la construcción de la represa se ha venido amenazando a la población.Otras organizaciones como el comité Ambiental por Defensa La Colosa, La Reversa busca defender el territorio de un proyecto minero de la multinacional AngloGold Ashanti. Se adelanta además el proyecto Río Sinú, es el proyecto hidroeléctrico Urrá II que trajo consigo otros megaproyectos como es la carretera Marginal de la costa. Se destacan proceso de resistencia del Páramo Saturbán, El Quimbo y de Asprocig un proceso de resistencia y defensa del territorio de campesinos e indígenas pescadores.
Los desafíos: Se mantiene la construcción del movimiento
Para Tatiana Roa de Censat, Agua Viva, hay que entender las resistencias no como un problema único, ya que responde a todo un modelo de desarrollo que amenaza los territorios, son múltiples los megaproyectos en agua y minería. Por eso el desafíos de los movimientos sociales en defensa de los territorios y el agua viva, está en tejer una lucha de un movimiento nacional que tiene toda una historia.Tatiana, también establece el reto de mostrar y desmitificar las mentiras de los proyectos como alternativa de progreso que trae beneficios. Hay que construir el movimiento con la solidaridad, es una lucha de todos. Es una lucha nacional para construir de manera más fuerte el movimiento por medio de autonomía y movilización permanente desde diferentes niveles, además de construcción política y alternativa para fortalecer nuestras forma de vida.
Para el investigador, Daniel Libreros es necesario generar acciones amplias, con una propuesta alternativa entre la organización del movimiento nacional. Ya que es una política del Gobierno que se suma a reformas como la Ley de Seguridad Ciudadana que criminaliza la protesta social, por eso desde el movimiento nacional hay que rechazarla.
Estos paneles se seguirán desarrollando en diferentes ciudades y su objetivo es permitir generar argumentos, conocimiento, debates y alternativas que permita seguir desarrollando acciones de resistencia nacional para hacer frente a las políticas de desarrollo que bajo el modelo extractivo amenaza el territorio y las comunidades.
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