Comunidades de Colombia en resistencia por la defensa del territorio

En el país se mantiene una resistencia y organización de procesos locales que se articulan en un escenario nacional de resistencia para hacer frente a las políticas económicas del Gobierno que traen despojo del territorio; una resistencia que es la manifestación de las comunidades en defensa de la tierra y la vida.

La lucha y defensa de la tierra se ha mantenido por largos años, es un escenario que las comunidades campesinas han reclamado frente a modelos latifundistas y políticas económicas enmarcadas dentro de la figura del desarrollo, y progreso que los condena a la pobreza y el abandono. Políticas que se hacen cada vez más fuertes, abren paso desmesurado al arrasador poder del capital, en un gran número al extranjero con megaproyectos transnacionales que condenan al campesino al destierro. Es el despojo de la tierra con desplazamiento en complacencia del Gobierno con su política minero energética, además agroindustrial que trae graves impactos ambientales y psicosociales. Lo que pone en riesgo inminente la seguridad alimentaria de la población, la vida misma y la relación armoniosa con la naturaleza.

Según los movimientos sociales del país es una política económica minera-energética y agroindustrial agresiva, impulsada por el Gobierno que representa una amenaza para el medioambiente, y familias campesina e indígenas que son desterradas de sus territorios. También implica un cambio en el enfoque de lo que ha sido la vocación agraria del país. Esto para el senador, Alexander López, genera impactos complejos y graves hacía el territorio colombiano con la intervención de grandes trasnacionales que actúan en el país con efectos irreversibles e incuantificables.

Intervención que hacen evidentes los impactos sociales, tal como manifiesta la mujer campesina del Huila, Luz Marina Escobar, sosteniendo que es falso lo dicho que con la construcción de la represa se mejoraría sus vidas, “estamos ahora peor que antes de llegar la represa, por eso pedimos que se nos defiendan los derechos, ya que nos quiere desplazar el mismo Gobierno”.

Este fenómeno económico, incluso ha generado mayor conflicto en el país. Tan solo en Antioquia, con la represa Ituango hay una agudización del conflicto, los actores armados siguen aumentando sus acciones en la zona con una guerra donde la comunidad está en medio. Según Isabel Cristina, EPM actúa como una multinacional atropellan costumbres, la represa lo que ha ocasionado es más violencia, ya que la población está siendo estigmatizada y amenazada.

El investigador y docente, Daniel Libreros, afirma que Colombia es un país en crisis, ya que la minería representa el 80% de la inversión extranjera que se ha venido marcando con reformas para la consolidación de la minería. Además se propicia políticas como la seguridad inversionista para entregar el territorio, “está la seguridad tributaría con grandes excepciones fiscales que regala los recursos del Estado, es un modelo del país que empobrece porque degrada el territorio y porque el grueso de la tributación se descarga sobre la población para que lleguen las transnacionales”.

Esto acompañado de otra serie de reformas que contribuyen a garantizar la política como la criminalización de la protesta social con la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Víctimas que somete el uso de la tierra a la lógica del mercado. Para el sociólogo, John Jairo Rincón esta última Ley busca la formalización de la tenencia de la tierra, lo que se convierte en un elemento de despojo porque entra en el mercado de la tierra”.

Para Juan Pablo Soler del Movimiento Ríos Vivos y Otros Mundos, hay unos ejes fundamentales de las políticas internacionales capitalistas marcados en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos. Estos fundamentados en el desarrollo competitivo y la prosperidad bajo la inversión privada, en especial inversión extranjera directa de la confianza inversionista, desarrollando corredores en macro-regiones con infraestructura de integración. “Esto se traduce en gobernanza desde la política del Banco Mundial y Colombia es uno de los países que hace reformas para permitir las negociaciones. Si no cambiamos el modelo energético, desde su explotación no va ser sostenible y se va agravar”, manifiesta Juan Pablo.

Según Tatiana Rodríguez, de la Red de Acción contra la Gran Minería el 40 por ciento del territorio colombiano posee un titulo o una solicitud minera. Además se adelantan seis proyectos de represa en todo el país que se suman a las 9 existentes, “hay una política minería a gran escala que ha llegado a los páramos, creando conflictos. Una política que no mira las condiciones reales del país y la biodiversidad, acaso el futuro del país debe ser la minería”. Mario Valencia de la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, sostiene que Santos le entrega todas las gabelas y beneficios a las transnacionales, ocupando por medio del despojo el territorio, “el Gobierno ha querido perseguir a los mineros pequeños nacionales para facilitar la gran minería, para estos no hay garantía y los quieren echar de su propia casa”.

Es que la inversión extrajera es un riesgo cuando se hace a gran escalada, más aún porque Colombia es un país con una importante dimensión ambiental y múltiples recursos que representan un gran interés económico. Para el investigador, Miller Dussán, lo que se vive es “una hecatombe social y ambiental por el modelo de desarrollo de extracción de recursos que responde al control del territorio, y al servicio de grandes empresas nacionales y trasnacionales”. “Preocupa las solicitudes de explotación mineras en ecosistemas de páramo y de protección ambiental, son 8 millones de hectáreas y que bajo planes como IIRSA se desarrolla infraestructura para megaproyectos y así sacar los recursos”, manifiesta Miller.

Daniel Libreros aclara que con la política económica se genera ganancia exclusiva para la multinacional a manera de enclave. Es el modelo de un Plan de Desarrollo que será profundizado, lo que se agrava con la concentración de tierras, “el modelo de desarrollo de la tierra busca entregar la explotación de la tierra a transnacionales, es decir a un negocio internacional y a grupos económicos nacionales”, aclara Daniel.

La política económica del Gobierno está enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo que el senador Alexander López, plantea que toda la superficie de Colombia está susceptible a la explotación minera y petrolera, “Colombia va a desarrollar la locomotora de la minería e hidroeléctrica, un sector estratégico que se convierte en la política principal del Gobierno, lo que deja abierto intervenir cualquier territorio”. Mario Valencia de la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, sostiene que esto no es una locomotora, es una aplanadora de miseria y atraso. “La única salida es movilización social y la resistencia democrática, resultado de amplios sectores de la población contra proyectos trasnacionales que siguen cobijados por el gobierno y en contra de la población”, adiciona Mario.

Organización de las comunidades en resistencia 

Bajo este contexto es la población la que ha reconocido la necesidad de sembrar el campo, de resistir por defender la tierra por el problema social y económico que sufren con estas políticas. Tal como lo reconoce el campesino Jorge Enrique Cárdenas que resiste frente al proyecto hidroeléctrico el Quimbo, “estamos pidiendo que se haga la reserva agrocampesiona porque el progreso lo da el campo, no queremos que las multinacionales acaben con lo que da vida”.

Las comunidades afectadas, organizaciones sociales y ambientalista han decidido mantener procesos de resistencia contra lo que ven como un modelo equivocado de desarrollo que perjudica las tradiciones culturales, ancestrales y naturales del territorio, además causan un riesgo socioeconómico para las comunidades, atentando el buen vivir de la población.

Esa defensa se fundamenta en la organización de múltiples procesos sociales locales que se convierten en una alternativa de defensa del territorio y de garantizar condiciones de vida digna, defensa de los derechos y garantía de una soberanía alimentaria. Movimiento Social por la Defensa de Río Sogamoso, AsoItuango, Asociación de afectados por la hidroeléctrica de Ituango, Comité por la Defensa de la Vida en resistencia del proyecto minero la Colosa en Cajamarca, proceso de resistencia del Páramo de Santurbán, son algunos de esos procesos organizados en defensa del territorio.

Un escenario de articulación y organización nacional 

Frente a este panorama los movimientos sociales manifiestan la necesidad de replantear toda la política minera y energética, de esta forma hacer una construcción diferente de país. Para Juan Pablo Soler, de Ríos Vivos y Otros Mundos, existe la necesidad de pensar y hacer una puesta en la construcción de otra, y una nueva política energética y minera, “el que hacer y no quedarnos sólo en la lucha, sin abandonar, pero proponiendo una nueva política para el territorio y el país”.

Las comunidades están viendo amenazada la soberanía nacional por las trasnacionales, por eso ven necesaria la organización y la movilización social. En esta medida se han generado iniciativas de organización como CENSAT Agua Viva que desde el ambientalismo genera procesos sociales. Pero también el Movimiento Nacional por la Defensa de los Territorios y Afectados por Represas, “Ríos Vivos” que busca generar un proceso de articulación nacional. Así, generar acciones para construir una política minero- energética alternativa que cambie el modelo para el país.

Para Tatiana Roa de Censat, Agua Viva, hay que entender las resistencias no como un problema único, ya que responde a todo un modelo de desarrollo que amenaza los territorios, son múltiples los megaproyectos en agua y minería. Por eso los desafíos de los movimientos sociales en defensa de los territorios y el agua viva, está en tejer una lucha de un movimiento nacional que tiene toda una historia. “Hay que construir el movimiento con la solidaridad, es una lucha de todos. Es una lucha nacional para construir de manera más fuerte el movimiento por medio de autonomía y movilización permanente desde diferentes niveles, además de construcción política y alternativa para fortalecer nuestras forma de vida”.

Además, procesos como el Congreso de los Pueblos que plantea el diálogo de múltiples organizaciones con comisión políticas de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria en busca de una alternativa de país desde la defensa de la tierra, territorio y soberanía, son una muestra de esa construcción nacional. La vocera nacional de la Minga, Marelín Serna manifiesta que el trabajo de la Minga es el recorrer y cosechar las luchas de resistencia que históricamente se han dado con el fin de fortalecer y afianzar la resistencia de la Minga Nacional, una propuesta de mandato, y lucha por el territorio y la vida digna.

También está la construcción de organizaciones desde el Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas por la Tierra y la Paz de Colombia. Son espacios que se multiplican, encuentran y que se construyen como el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías, en busca de interrelacionar perspectivas de resistencia, movilización y construcción territorial de las luchas y reivindicaciones del pueblo. Organizaciones como la Red Nacional de Democracia y Paz empieza a fundamentar su trabajo alrededor del derecho a la tierra como una necesidad para construir territorio por medio de la formación, sensibilización y seguimiento en la conservación, y uso del agua y la tierra. La senadora, Gloria Inés Ramírez está convencida que la lucha por la defensa de los derechos, la soberanía y la lucha por el despojo es justa, “la lucha que para ellos no significa nada para nosotros es la vida, estamos pidiendo que respeten lo que tenemos y hemos construido con toda la familia. Es una batalla contra las multinacionales, pero también contra el Gobierno de Santos que acolita el despojo”. En este mismo sentido el diputado del Cauca Wilson Narváez, reconoce que se está resistiendo y defendiendo la vida, “exigimos que se tiene que legislar a favor de la vida, queremos vivir en un territorio digno y no en un desierto como lo que quieren las multinacionales”.

Como manifiestan comunidades campesinas, “seguiremos luchando con un proyecto de vida, frente a ese proyecto de muerte por el derecho al territorio”. Es ese el escenario de defensa del territorio, mantiene su necesaria articulación y amplio diálogo que permite generar argumentos, conocimiento, debates y alternativas para seguir desarrollando acciones de resistencia nacional, y de esta forma hacer frente a las políticas de desarrollo que bajo el modelo extractivo amenazan el territorio y las comunidades.

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