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Neyder Jhoan Salazar
La audiencia estuvo marcada por la poca presencia de los congresistas y la no asistencia de los ministros citados, apenas la representación y asesores de Planeación, Ingeominas, Ministerio de Medio Ambiente, Cultura, y de Minas y Energías.
Sin embargo, se contó con la participación de 49 procesos y organizaciones sociales de resistencia, entre ellas 17 intervenciones sobre los impactos mineros. Éstas denunciaron las graves consecuencias de la política del Gobierno en los cuatro sectores estratégicos de hidroeléctricas, hidrocarburos, agrocombustibe y minería. Estás denuncias giraron alrededor de la violación de zonas de reserva, y páramo y el control trasnacional del territorio con acompañamiento de la fuerza pública. Esto con un crecimiento de las solicitudes de licencias mineras, entrega de licencias ambientales sin el cumplimiento de requisitos y sin el desarrollado de la consulta previa a las comunidades para ser otorgadas. Además, se denunció la violación integral de derechos laborales, amenazas, persecución y abuso de autoridad.
El panorama: Búsqueda de una alternativa
Según el senador López el objetivo es que las intervenciones de los sectores sociales desde sus realidades en los territorios sean atendidas por el Gobierno, ya que se ha cometido errores en su política económica como es el código minero que no reunió los requisitos de consulta con las comunidades. Para el senador hace parte de la reglamentación y reformas que comprometen al planeta y el territorio, “El ministro de Minas manifiesta que aumentará la locomotora minera que arrasa contra mineros artesanales y va a desplazar a miles de colombianos, generando un escenario de pobreza”.
El senador manifiesta que hay un reto inminente frente a la política económica del presidente Santos de hacer un país minero que impulsará el desarrollo. Política que cambia el enfoque de lo que ha sido la vocación agraria del país y distorsiona la realidad histórica de valores y cultura de la población, “esto generan impactos complejos y graves hacía el territorio colombiano con la intervención de grandes trasnacionales que actúan en el país con efectos irreversibles e incuantificables”.
En esta política económica la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, manifiesta que a los pequeños mineros los ponen a competir con multinacionales, lo que representa un despojo amparado en reformas mineras. La comunidad reconoce la represión de las multinacionales con la complacencia del Gobierno que se hace más preocupante con la militarización del territorio, “seguiremos luchando con un proyecto de vida, frente a ese proyecto de muerte por el derecho al territorio”.Frente a la situación del país, Germán Osman de la Unión Sindical Obrera, establece el tema de la soberanía y la responsabilidad de las empresas respecto a la violación de los derechos de aquellos que se oponen a los proyectos. Se pregunta qué participación ha tenido el pueblo para la política de explotación de recursos, “la legislación de hidrocarburos y minería termina entregando la soberanía a las multinacionales que imponen su ley. No puede ser que de la explotación minera y petrolera a los colombianos sólo nos quede el hueco, la violencia, la miseria y la descomposición social”.
En este mismo sentido Juan Pablo Soler del Movimiento Nacional en Defensa de los Territorios, Ríos Vivos, sostiene que están en resistencia porque la política minero-energética del Gobierno y los anteriores está errada, “traemos ecos de los territorios violentados en su manera de habitar, amenazados en su cultura e identidad, además con imposición de destierro y desplazamiento, atropellando la vocación de los pueblos a nombre del desarrollo”.
Tan solo en Antioquia con la represa Ituango hay un grave impacto en la agudización del conflicto, los actores armados siguen aumentando sus acciones en la zona con una guerra donde la comunidad está en medio. Según Isabel Cristina, EPM actúa como una multinacional atropellan costumbres, la represa lo que ha ocasionado es más violencia, ya que la población está siendo estigmatizada y amenazada.
De igual forma el campesino del Meta, Wilitón Burgos pone el contexto de la economía a un Gobierno arrodillado a las empresas que vienen de otro país a poner las leyes de nuestros departamentos, “no se defiende el patrimonio y se permite que vengan a pisotearnos. No pueden seguir vendiendo nuestro país por un desarrollo a costa de la vida”. La población afectada por megaproyectos se pregunta para quién es el desarrollo ese que se plantea desde las “locomotoras” del Gobierno y de quién es el territorio. Para Gimi Moreno, de Minga Comunera es una propuesta de país que representa el desarraigo de las comunidades con una política extractiva que amenaza los recursos por la depredación de las locomotoras del desarrollo. Con este panorama para el investigador Miller Dussán y asesor de la Asociación de Afectados por la Represa El Quimbo, Asoquimbo, hay que replantear toda la política minera y energética para darles una esperanza a las comunidades.
Necesidad de organización y movilización
El contexto de las multinacionales para la población está cargado de contaminación, enfermedades, destrucción de recursos y desarraigo. Según el senador, Freddy Morales el escenario de la Audiencia y otros sociales son el punto para empezar a construir en la sociedad lo que se quiera para un bienestar en el territorio, “aquí hay que hacer desde el Congreso una profunda revisión sobre la explotación de recursos y la toma de decisiones del Gobierno”.
Para el Diputado del Cauca Wilson Narváez, se le está diciendo al Gobierno que estamos resistiendo y defendiendo la vida, “exigimos que se tiene que legislar a favor de la vida, queremos vivir en un territorio digno y no en un desierto como lo que quieren las multinacionales”.
En busca de una alternativa se gesta en el país un proceso de concientización, ya que las comunidades están viendo amenazada la soberanía nacional por las multinacionales. Por eso ven necesaria la organización y la movilización social. Para Juan Felipe Armano, del proyecto Gramalote, la legislación minera se ha dedica a regalar las dadiva a intereses de multinacionales, por eso se hace necesario una política construida desde el pueblo que permita un soberanía y usos sostenible de los recursos.
El senador indígena Germán Carlosama rechaza el abuso de las multinacionales y del mismo Gobierno a sus territorios sagrados, están siendo profanados por empresas capitalistas que se quieren adueñar del territorio. “Llamamos a la unidad, una gran unidad entre todas las comunidades, ya los indígenas no nos dejamos engañar con espejo como se venía a robar el oro, ahora vamos a resistir en unidad”, añade Germán.
En este mismo sentido, Mario Valencia de la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, sostiene que esto no es una locomotora, es una aplanadora de miseria y atraso. La única salida es movilización social y la resistencia democrática, resultado de amplios sectores de la población contra proyectos trasnacionales que siguen cobijados por el gobierno y en contra de la población.
(Audio)
La minería:
En la locomotora minera hay 115 millones de hectáreas en las que existe cerca de 9.000 títulos vigentes, más una solicitud del 20% del territorio para explotación. Actualmente Anglo Gold Ashanti tiene 363 licencias, seguido por Mineros S.A con 80, Medoro 77 y Continental Gold con 72
Mario Valencia de la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, manifiesta que la política minero energética del país nos debe llevar a reflexionar, si está pensada en beneficiar a las comunidades y la población Colombiana. La respuesta para Mario es no, ya que esta política tiene como objetivo crear condiciones favorables para brindar beneficios a las multinacionales, se le abrió la puerta a inversión extranjera propuesta por el Banco Mundial.
Lo que está acompañado del desarrollo de grandes proyectos mineros, reformar el código para ejecutar grandes proyectos estratégicos en manos de la gran minería transnacional a quienes el Estado colombiano les entregó el control de la economía y el territorio nacional.
Según Mario el 34% de todo el país está solicitado en el último Gobierno de Uribe en concesión para la minería, hasta debajo de poblaciones y en páramos. Ahora Santos le entrega todas las gabelas y beneficios a las transnacionales, ocupando por medio del despojo el territorio. “El Gobierno ha querido perseguir a los mineros pequeños nacionales para facilitar la gran minería, para estos no hay garantía y los quieren echar de su propia casa”, sostiene Mario.
A lo que Ramiro Restrepo, pequeño minero de Confederación de Mineros, agrega que modificando la Ley con el Código Minero el Gobierno manifestó que no habrá legalización de pequeños y medianos mineros, ya que la política minera está diseñada para darle paso a la gran minería transnacional en la que le dan vida al plan de desarrollo.
El senador Enrique Robledo, asegura que el gran pleito que hay Colombia es una batalla sobre tres tipos de minera, en la que sólo a las transnacionales se les ha concesionado el territorio. Ésta se presenta como la mejor opción, lo que es una falacia porque tiene un fuerte impacto social y ambientales, “lo que quedo en Plan de Desarrollo para la pequeña minería es la represión con cárcel y decomiso de maquinara”.
Información relacionada: *Necesaria construcción de una alternativa de política minero-energética para Colombia
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