15 días de movilización de campesinos y gremios del Huila deja evidenciar un grave problema social que enfrenta este departamento. El paro fue suspendido mientras se desarrollan los acuerdos firmados entre funcionarios del Gobierno Nacional, Departamental y representantes de las comunidades afectadas.

Luis Alfonso Betancur es un jornalero que está siendo desalojado por Emgesa de su casa en la finca la Vega en la vereda del Balseadero. Esto por una figura de comodato reestructurado que les entregó la propiedad a otras personas. Ahora sus día son llenos de incertidumbre, está atemorizado porque Emgesa mandó a la Policía a sacarle todo lo que tenía; ya no puede dormir tranquilo, vive con angustia de dejarlo todo, más aún cuando tiene una familia. Situaciones como ésta, se están viviendo en el Huila, donde según denuncian se desaloja a la gente de fincas, sin garantizarles sus actividades productivas.

Hechos como esto motivaron a que en la zona del cruce al municipio de la Plata, en vía que conduce al puente destruido del Paso del Colegio, campesinos con pancartas y cambuches estuvieran presente por más de dos semanas obstaculizando el ingreso a las obras de la represa El Quimbo. La comunidad del lugar reconoce que estaban ahí cansados del abandono y porque ya no tenían para comer. Hay quienes dicen que al menos ahí habían alimentos para sus hijos, así hayan enfrentado a difíciles situación climática con la fuerte lluvia.

Este paro regional que se desató en el Huila fue ocasionado por inconformismos en la construcción de la Hidroeléctrica El Quimbo, la exploración petrolera de Emerald Energy en una zona de reserva natural, la destrucción del puente de El Paso del Colegio que incomunica al occidente y el mal estado de vías alternas. Situación que se agudiza con el colapso de las vías en el departamento, se afectó el puente del municipio de Teruel, hundimiento en el puente Guachicos en Pitalito y una falla geológicas que afecta la vía Neiva a Garzón.

Juan Pablo Soler del Movimiento Ríos Vivos, agregó que el paro regional en el que se conformó el “Movimiento regional por la defensa del territorio”, es resultado de la política minero – energética del Gobierno que se aleja del desarrollo sostenible; éste viene despojando a las comunidades del territorio y su cultura, “llevan cuatro años de resistencia contra el Quimbo por la defensa de la dignidad y el territorio, frente a unos impactos que superan los pocos beneficios, vulnerando a la comunidad.

La presidenta de la Asociación de Afectados por la Represa El Quimbo, Asoquimbo, Elsa Ardila Muñoz afirmó que debieron llegar a esa instancia por las vías de hecho para que se le pusiera cuidado a un situación del departamento que calificó como grave.

Situación en el Huila

El Investigador, Miller Dussán aclara que la represa, se hizo sustrayendo un área de Reserva Forestal de la Amazonía. Además sin un impacto ambiental y que aún no cuenta con todos los impactos en el componente social y agrícola de la zona, dada la inminente afectación económica del lugar.

La comunidad denuncia la pérdida de empleos productivos de los campesinos de la zona de construcción de la hidroeléctrica. Estos son desalojados de las fincas, sin que se les haya establecido medidas de compensación. La afectación del río ha ocasionado la reducción pesquera y un problema en la economía piscícola del lugar. “Se están adquiero fincas en producción, van 25, desplazando a las comunidades trabajadoras de mayordomos y jornaleros, afectando la actividad productiva. Por reasentar a la población se ha desplazado de la finca la Virginia a 30 jornaleros, lo mismo sucede en la finca el Encanto en Gigante”, sostuvo Dussán.

El médico de la zona, Carlos Cuellar afirma que el puente, sí fue afectado por Emgesa como la ha reconocido Invías, “el abusivo uso de carga explosiva aceleró su colapso y el puente aún se sigue hundiendo”. A lo que se suma una serie de fallas geológicas que son una amenaza por la inestabilidad del terreno. Las fallas de Romeral en movimiento agravarían la situación de las vías en las poblaciones. “Sí por el invierno la situación se ha agudizado, cómo es que piensan llenar de agua con una represa, un terreno sísmico”, se cuestionó Cuellar.

El director de la Corporación Autónoma del Magdalena, Cam Rey Ariel Borbón manifestó que han presentado sus preocupaciones por los dos proyectos que tienen impactos ambientales serios y ameritan un claro control. Reconoció además que los fenómenos naturales amenazan al Huila y es así como en municipios en los que se encuentra Vegalaarga deberán ser reubicados. También parte de la zona urbana de Tello y Teruel que también se encuentran en riesgo.

Otro de los inconformismos en la zona lo ha causado la petrolera Emerald Energy. El Vicepresidente Asociación Intersectorial de Gigante – Garzón, Armando Acuña manifestó que en 1988 se le dio licencia a esa multinacional para la explotación del bloque de Matambo, “lo único que ha traído es ruina, se han incumplido los planes ambientales y no hay una compensación forestal”. Esto con una serie de desplazamiento y pérdidas de lagunas como el Encanto en Miraflores.

Un riesgo ambiental que Acuña calificó como ampliado, esto por el desarrollo de una plataforma en el pozo 10 de Gigante en la vereda de Miraflores. “Están utilizando el agua sin autorización en concepción. La vereda el Encanto, tiende a desparecer porque se están destruyendo sus casas por una falla geológica acelerada por las explotaciones petroleras. Hay destrucción del tejido social, ya que se viene comprando a la población y hay un grave daño vial”, precisó Acuña.

Situación que se suma a la licencia de 5 plataformas petroleras para la exploración en la base del cerro, páramo de Miraflores, afectando una reserva natural. Según el ambientalista, José Carlos Escobar, este páramo es un área protegida de 35 mil hectáreas de tres municipios entre Garzón y Gigante, “es un ecosistema estratégico y vital por ser artería de agua para la región”. La comunidad exigió que se derogue la licencia, ya que es un acto improcedente al afectar una zona vital y de alta producción agrícola, sobre todo cafetera.

Discrepancias

Armando Acuña fue enfático al manifestar que el Ministerio de Ambiente ha causado un grave problema social en el Huila, “el paro es sólo el asomo de las situaciones que podrían venir, si no se toman medidas profundas, los huilenses nos unimos”. La presidenta de Asoquimbo, Elsa Ardila afirmó que en la zona, ya no se sabe a quién odian más, si a Emgesa, Esmeral o al Ministerio”.

La reunión sostenida entre funcionarios públicos y representantes de la población afectada para buscar alternativas al paro, notó una clara urgencia del Gobierno Nacional por disolver las acciones de protesta. El ministro de Ambiente Frank Pearl, manifestó que se trata de construir confianza y que por eso el acuerdo es levantar el paro para iniciar una conversación.

Así se vio la premura de llegar a soluciones, mientras la comunidad estaba dispuesta a tomarse el tiempo informando sobre las graves situaciones que vive el Huila, así poder optar por medidas de fondo y no con el fin de levantar un paro. Pocas fueron las respuestas a denuncias e inconformismo, pero finalmente se llegaron a acordar próximas acciones.

Las diferencias entre los intereses del Ministerio de Ambiente y las comunidades se hicieron visibles. La integrante del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativo, Ilsa, Andrea Becerra aclaró que la afectación del tejido en la zona de El Quimbo es evidente. Además se ha presentado una sería de impactos acumulados, fallas en la información pública que dejan una serie de dudas frente a la aprobación de la licencia, la valoración y seguimiento de la misma. Por eso exigieron una audiencia pública ambiental para que el tema sea tratado con transparencia y claridad, “ya hemos denunciado el caso de violación de derechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

La audiencia ambiental fue una de las solicitudes de los integrantes del paro, la directora general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Luz Helena Sarmiento puntualizó que la audiencia no había sido aprobada porque se cometieron errores procedimentales en la solicitud. Según el abogado de esa dirección, Daniel Páez, se negó porque ésta se hizo basada en las condiciones y términos de la licencia, es decir en la legalidad, y no en los incumplimientos de la misma. Esto para el investigador, Miller Dussán, representó las intenciones del Ministerio por dilatar una audiencia que no les conviene, ya que actuaron de manera irregular al levantar medidas de suspensión de la obra, “cuál confianza con el Ministerio cuando está a favor de Emgesa. El Estado es ahora responsable del desplazamiento de la gente”. Finalmente, se estableció trabajar de manera conjunta en la solicitud de la audiencia de seguimiento y que será desarrollada en las primeras semanas de febrero.

Otro de los asuntos que causó discrepancia fue la solicitud de Asoquimbo de suspender de manera precautelar las obras del la represa como garantía para desarrollar las mesas y la audiencia. De esta forma la comunidad tenga tranquilidad en que el río no se desvié causando un impacto y daño irreversible. Frente a esto el Ministerio de Ambiente sostuvo que la suspensión de la obras no cabe en sus decisiones, por eso no se estableció como acuerdo, ya que para ellos es un tipo de medida jurídica que se debe estudiar a profundidad. “Hay Otros estudios y evidencias que no se han presentado por parte del Ministerio, en las mesas hay que constatar la información y por eso hay que arrancar lo antes posible”, puntualizó Frank Pearl. La comunidad y el senador Alexander López, como representante de la Comisión del Senado dejaron constancia de la necesidad de suspender provisionalmente las obras, puesto que hay una preocupación de la comunidad que éstas sigan, sin que se tomen medidas.

El representante, Hernán Hernández agregó que son dos locomotoras que están causando un grave impacto, es por eso que la comunidad pide medidas de control mientras se desarrollan las mesas para que las obras no continúen, puesto que se sienten afectados, “se amerita que se den soluciones concretas y los organismos de control tomen medidas”. Así también los reconoció la líder de Asoquimbo, Elsa Ardila, “mientras se desarrolla el paro, Emgesa se está moviendo para hacer ofrecimiento a la comunidad, haciendo firmar documentos y manteniendo el cronograma de desviación del río”.

El ex parlamentario del Huila, Orlando Beltrán Cuellar vio con preocupación la falta de respuesta del Ministerio que al contrario de atender las solitudes de la comunidad, acompaña a la Multinacional y la defiende. Añadió que es necesario que se revisen las denuncias, pero con funcionarios nuevos de este Ministerio, “debe haber una delegación inmediata que verifique las denuncias, los campesinos no se van parar 15 día si no está pasando nada”.

Acuerdos

El viceministro de relaciones Políticas, Aurelio Iragorri que se mostró conciliador, reconoció la necesidad de desarrollar mesas temáticas que permitan un manejo a profundidad de los problemas, con un trabajo multidisciplinario y de los ministerios de Ambiente, Vías, Minería, Agricultura Y Trabajo. Así como la coordinación de la Gobernación del Huila y la Cam.

En esta medida se acogió una propuesta de Asoquimbo, en la que se establecieron siete mesas que se desarrollarán paralelamente en seis días del 25 al 30 de Enero. La primera es una audiencia sobre la problemática de pescadores. Otra sobre la problemática de la población campesina. La tercera es sobre la situación de trasportadores, paleros y otras poblaciones. Una de las mesas será sobre la problemática arqueológica y geológica. En otra se sostendrá un debate regional sobre los impactos económicos, sociales y culturales de El Quimbo. Un más sobre los problemas de vías y la última sobre la exploración petrolera de la Empresa Emerald Energy. El acuerdo estableció la presencia de funcionarios con competencia y la presencia de órganos de control.

Finalmente, se hará una plenaria con el resultado de las mesas el tres de febrero. El Ministerio manifestó que una vez desarrollada las mesas, las decisiones que se puedan tomar de ahí deberán ser estudiadas en un periodo de una semana para hacer un pronunciamiento. Sin embargo, se avanzará en posibles acuerdos. También del resultado de las mesas se evaluará la medida de suspender o no las obras de la represa.

Miller Dussán, aclaró que esas mesas deben ser no para la concertación, ya que la comunidad no dejará de resistir, si se han tomado 15 días una vía nacional es porque grave la situación. Agregó que esto es un problema de control por eso la Contraloría debe mantener la investigación preliminar contra la Cam, el Ministerio de Ambiente e Invías por los daños causados y los vicios en el procedimiento de la licencia. Así como la Procuraduría debe investigar la responsabilidad de los funcionarios.

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