La improvisación en medidas administrativas, es una constante de los gobierno de turno que responden a la atención de la urgencia en tiempo de coyuntura o crisis y no a una medida de prevención sostenida. ¡Es hora de pasarle la cuenta a los verdaderos derrochadores!
Sí debe haber una sanción al derroche y desperdicio del agua, pero esta sanción no puede ser policiva, debe ser ante todo un asunto cultural, y educativo de conciencia y prevención. Por lo tanto no debería ser por la vía de los comparendos interpuestos por policías y agentes de tránsito como decretó la Alcaldía de Neiva.
La mejor forma de sancionarlo es por medio del consumo registrado en el medidor que hace la prestadora del servicio, sin duda el que sobre pase el consumo máximo debe pagar un incremento significativo que llegue en el cobro del acueducto, con eso se regula y se garantiza que todos los derrochadores sean sancionados, no solo en momentos de crisis sino como una acción sostenida que atienda la prevención y genere cultura. En cambio con la medida policiva no se garantiza un control efectivo, ya que los operativos son escasos y no faltarán las arbitrariedades.
Además en el caso de Neiva se autoriza a los agentes de tránsito para imponer multas por el desperdicio de agua, por lo que es un asunto desproporcional en las funciones de estos trabajadores que su fin es controlar la movilidad y la seguridad vial urbana, en consecuencia no es de su competencia. Adicional a esto, hay una ambigüedad en lo que se comprendería como derroche que se prestaría para interpretaciones subjetivas del multador sobre la gravedad del derroche o hecho.
Desde luego para pensar eso debe haber una garantía gratuita del vital mínimo y un cobro diferencial por estrato socioeconómico. Y ante todo los gobiernos locales y el nacional deben ser ejemplo de proceso educativo, empezando por ser rigurosos en las concesiones de aguas a terratenientes, monocultivos y empresas extractivas que por años se han aprovechado del agua, desviando y sobrepasado límites de consumo. Es el caso de las petroleras que por años se han aprovechado y afectado las fuentes de agua, hay que pasarles la cuenta de cobro. Empezando por sancionar a Emgesa por desviar el río y la concesión que le otorgaron para aprovechar el agua del Magdalena por siempre, por represarlo y tener al río de la patria en crisis. Situación en la que los medios son cómplices al ocultar la responsabilidad en este caso de Emgesa de afectar el caudal y otras empresas, haciendo un falso eco en el que la responsabilidad es únicamente ciudadana por desperdiciar el agua cuando se bañan o por culpa de la sequía producto de un fenómeno natural.
Los proyectos de canalización afecta los caudales en zonas urbanas y no hay una conservación de humedales que son secados por proyectos urbanísticos. No se han generado estrategias y sistemas de reutilización de aguas lluvias, sucias y demás que permitirían menos uso de agua potable para regar por ejemplo matas y lavar carros. Es que los arbolitos merecen el agua y los jardines también para poder mantener un equilibrio ambiental, por eso no se debe sancionar policivamente al ciudadano por esto, más aún cuando la misma alcaldía sigue regando en carros tanques jardines con agua potable para darle continuidad a una contratación cómo se maneja en la burocracia.
Los primeros sancionados y las restricciones deberían ser entonces para grande proyectos extractivos como las mineras y agronegocios que están afectando los caudales, luego el ciudadano debe aprender por cultura y concientización a través del ejemplo. Entonces, también debería ser sancionado con aumento en los impuestos las transnacionales que han comprado nacederos y por años se han aprovechado del negocio del agua embotellada y vendida. Por lo tanto, es hora de pasarle la cuenta de cobro a los verdaderos derrochadores.
Nota: Las empresas encargadas del acueducto en tiempo de atención por crisis y como medida de mitigación, deben hacer reparación inmediata de fugas, y escapes en tuberías rotas u obsoletas, ya que la comunidad denuncia constantemente que duran días completos derrochando litros de agua. El problema es que estas empresas son un negocio burocrático de cuota política. La educación y concientización es un proceso continuo, el cuidado del agua debe ser permanente y no sólo como medida de crisis.
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