Guerra, medio ambiente, ganadería, transnacionales y despojo en Caquetá ~ NEYDER

Hace poco se viralizaron varios videos que evidencian como el Estado llegó a zona rural de San Vicente del Caguán, pero no con inversión social o proyectos económicos, su presencia fue militar, arribó con el Esmad a bordo para incautar varias cabezas de ganado, se hicieron capturas y se expropiaron a campesinos.

Pese a que los campesinos dicen desconocer el proceso que para ellos no ha contado con la suficiente socialización, fue un proceso judicial de extinción de dominio por interés nacional que busca “proteger zona de reserva ambiental”. Esto sin dimensionar las dinámicas sociales, económicas e históricas de la zona, se realizó a toda costa. Los campesinos se vieron ultrajados al ver cómo llegaban a sus tierras a llevarse el ganado. Incluso para evitar que se realizara el proceso judicial, los habitantes optaron por destruir puentes y carretas que con esfuerzo comunitario por años han construido, ya que la inversión del gobierno es mínima.

Este episodio no se puede ver ajeno a las dinámicas del proceso de paz que se encuentra en grave crisis, ligado a las lógicas del conflicto que operaron en la zona, la ocupación histórica de los predios y los intereses nacionales de la economía extractivista del gobierno. El Caquetá conjugó y creció bajo una dinámica de poblamiento rural de ocupación de tierras baldías, siendo la ganadería extractiva uno de los pilares económicos. Bajo este sentido, no se desconoce el impacto ambiental de la ganadería extensiva, pero tampoco el impacto de la economía extractivista que se busca impulsar en la zona.
Muchas hectáreas de selva fueron arrasadas para darle paso a pastizales. Este proceso es lo que muchos investigadores como Álvaro Rodríguez han documentado como la colonización y poblamiento del piedemonte amazónico donde se evidencia varias fases de poblamiento entre ellas la colonización dirigida; adelantada en el Frente Nacional por el presidente Alberto Lleras. Frente a estos temas de poblamiento Álvaro Delgado documenta otra fase de la colonización del Caquetá como una lucha social de campesinos que hicieron invasiones por el derecho a la tierra. De esta manera, se vislumbra una lógica ocupacional, en algunos casos con tenencia legitima que se ha ido prolongando en el tiempo y que evidencia, poca legalidad en las escrituras. Por lo tanto el Caquetá no es ajeno al problema de titulación de predios rurales que se vive en el país.

Ligado a esto, la zona ha sido margina de las directrices centralistas de los gobiernos, históricamente sumida al abandono. En estos territorios apartados de la geografía nacional por años los grupos armados ejercieron autoridad, la mayor presencia del estado era y es en el orden militar. Por lo tanto, no se puede desconocer que el orden y el control en estas zonas lo ejercía la FARC en constante confrontación con las fuerzas militares. La FARC eras quienes regulaban las normas de la economía de la zona, entre ellas el control a la destrucción de la flora y la fauna. Con el proceso de paz, la presencia de este grupo armado fue desescalando y con esto aumentó la pezca discriminada y la tala. Pero también se aceleró con la llegada del presidente Duque el copamiento militar del Estado en algunas zonas.

Tampoco se puede desconocer que en la zona hay acaparamiento y acumulación de tierras como en muchas otras zonas del país, sumado a pequeños campesinos que a pulso se han hecho a predios de grandes o pequeñas hectáreas. Muchas veces ocupaciones históricas de predios que sin escrituras son negociados. Muchos campesinos en las dinámicas del conflicto fueron despojados de sus predios, otros tantos vendieron a bajo costo por las amenazas y las presiones. Algunos también acapararon grandes extensiones de predios. Otros foráneos se hicieron a las tierras. En consecuencia, el campesino pequeño se conjuga con grandes poseedores que legítimamente o no, se han hecho a la tierra. De cualquier, modo la ganadería en grandes extensiones se volvió parte de la economía de la zona y de lo que viven miles de familias.

Con la disminución y el accionar de los grupos armados insurgentes en la zona en el marco del proceso de paz y las lógicas de desarrollo, ligada a la economía extractiva, el gobierno una vez más vuelve hacer presencia, pero exclusivamente militar como sucedió con el plan de consolidación del Gobierno Uribe, solo fuerza armada, sin inversión social. Este interés militar a nombre del medio ambiente no es otra cosa que despojar a campesinos para dar vía libre a la presencia de proyectos trasnacionales, entre ellos de extracción petrolera que se quieren implementar en la zona. En el país se han documentado varios casos, en los que se expiden títulos y licencias para extracción en zonas de reserva natural o se despojan campesinos para dar paso a grandes proyectos extractivos a nombre del interés nacional. Los campesinos son un obstáculo para este interés, pues su resistencia a perder sus predios y a la contaminación de los afluentes no permite el avance de los intereses económicos del gobierno. Esta zona no es ajena a las prácticas de despojo territorial que le dan paso a monocultivos y economías extractivas, tan históricas como el extractivismo de la Quina y las conocidas cuacherías; menos es ajena al abandono estatal, la presencia exclusivamente militar y no se aparta de las dinámicas del conflicto.

Si bien es necesario preservar la zona de la reserva, no se puede desconocer todas estás dinámicas de poblamiento, ocupación, abandono y conflicto que por años se ha vivido en la zona. Menos violentar las economías campesinas que se han construido y tampoco a nombre del cuidado ambiental abrirle paso en el territorio a trasnacionales que con complacencia del gobierno y las fuerzas armadas a sus servicios han despojado en todo el territorio nacional. En Colombia tenemos un gobierno y una fuerza militar al servicio del capital y que por años en el mismo lugar ha cuidado a Nestlé, trasnacional que impone las leyes de la compra y la demanda de la leche en la zona. Frente a esto surge el debate de la legalización de predios en el país, el despojo histórico, la concentración de tierras y la disputa entre lo medio ambiental y más allá de la ganadería, el extractivismo que amenaza con crecer en todo el país. Está latente, el reto del posconflicto en el marco del deteriorado acuerdo de paz, frente al acuerdo rural en temas de acceso a la tierra, adjudicación y legalización de predios. También sigue latente la apuesta a la paz, pero que se encuentra lacerada con las medidas militares del estado que siguen reproduciendo prácticas de despojo.

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